El control fiscal ambiental (CFA) es una herramienta de evaluación de la gestión
de las entidades públicas, con el fin de proteger las inversiones en materia
ambiental y evaluar las acciones encaminadas al mejoramiento del ambiente y, a
su vez, que se dé un uso racional a los recursos naturales y al medio ambiente
pertenecientes a toda la comunidad.
El tema ambiental, como objeto de control dentro de las distintas entidades
públicas, viene siendo evaluado en términos de inversión presupuestal año tras
año, dejando a un lado la evaluación de la gestión ambiental, la cual no está
limitada a meros aspectos económicos, sino que permite otro tipo de evaluación
enmarcada en todos los principios del control fiscal, (eficiencia, eficacia, equidad y
economía), siendo éste el marco de referencia para la realización de auditorías
integrales llevadas a cabo por las entidades fiscalizadoras en sus diferentes
niveles.
El CFA busca unificar los criterios de evaluación de la gestión ambiental con el fin
de permitir la confrontación de cada evaluación con otras y así establecer
diagnósticos históricos sobre la gestión ambiental de las entidades públicas. Con
este sistema de control fiscal ambiental se abre el campo de aplicación del control
fiscal y se permite que al finalizar una evaluación se obtengan resultados tanto
cuantitativos como cualitativos en el cumplimiento de las normas, políticas, planes
y proyectos o actividades relacionados con el medio ambiente, así como su
contribución al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
El CFA es aplicable a todas aquellas entidades públicas, mediante las auditorías
realizadas por el organismo de control competente, y su conocimiento y dominio
está dirigido al personal que labora en estos organismos de control para que
ejerzan una labor de control eficaz e integral.
Mediante la aplicación del CFA se logran evidenciar cuáles son los principales
problemas ambientales, las acciones o actividades que han realizado las
entidades públicas y en qué medida estas acciones han sido eficaces, eficientes,
económicas y equitativas para el medio ambiente, que son los principios
fundamentales del control fiscal.

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